INMIGRACION,
DISCRIMINACION Y XENOFOBIA
En
San Telmo y sus alrededores Nº 19
Febrero
1999
El
temor a una crisis económica derivada por el desastre financiero de
Brasil, impulsó a ciertos sectores del gobierno a desviar la atención
empeñándose en realizar una campaña tendiente a dificultar la llegada
de inmigrantes.
Las
campañas en contra de los inmigrantes tienen una larga historia. A comienzos
del siglo se sancionaron "leyes de residencia" por las cuales
cualquier protesta de los ciudadanos extranjeros (aunque en 1914 representaban
al 30 % de la población), era motivo suficiente para expulsarlos.
En
esta oportunidad, las posturas oficiales tuvieron distintos matices.
Un sector argumentó su defensa frente a la explotación encubierta y
el trabajo en negro, que genera condiciones de vida cercanas a la esclavitud.
Otro sector defendió la propuesta de leyes más restrictivas argumentando
que hay que defender el derecho al trabajo de los argentinos.
Más
allá de los discursos oficiales, las medidas concretas implican un incremento
de los obstáculos para quienes quieren llegar a nuestro país.
Para
poder ser inmigrante legal, la legislación actual exige residencia y
trabajo. Pero quienes alberguen o empleen a inmigrantes ilegales pueden
sufrir multas que van de los $ 500 a los $ 50.000.
A
principios de los ’90 la Unión Obrera de la Construcción, empapeló
la ciudad con afiches xenófobos que anunciaban: "que no nos roben
el pan nuestro de cada día". Mientras se preocupaban por controlar
la llegada de los extranjeros, el gobierno nacional aprobaba las leyes
laborales que trajeron como consecuencia un aumento en los accidentes
de trabajo. Los extranjeros representan en nuestro país según las últimas
estadísticas del INDEC, solo al 5 % de la población, una de las cifras
más bajas del siglo.
Hace
algunos años dos figuras célebres vinculadas al oficialismo tomaban
estado público: los ciudadanos sirios Ibrahim Al Ibrahim y Monzer Al
Kassar. Ambos ingresaron como turistas y al poco tiempo empezaron a
trabajar, una situación prohibida por las leyes de inmigración. Sin
embargo, el gobierno en aquella ocasión, sí defendió a sus amigos ilegales
acusados de venta de armas y tráfico de drogas.
Suele
ocurrir que las acusaciones por delitos menores desvíen problemas mayores.
Pero si además se agregan datos confusos y contradictorios, es probable
que se distorsione la realidad y la percepción de la ciudadanía. Mientras
el ministro Corach dijo que según los datos de la policía más de la
mitad de los delitos menores de diciembre los produjeron los inmigrantes,
nadie pudo confirmar las cifras pero si hubo desmentidas. Una encuesta
de la Subsecretaría de Población del Ministerio del Interior indica
que el porcentaje de extranjeros condenados por delitos es el 4,6 %
del total.
Sin
embargo, culpabilizar a los extranjeros por el incremento de la violencia,
provocado por una sociedad con un modelo económico social cada vez más
salvaje, siempre da resultados. Por lo general los sectores medios temen
que con la llegada de habitantes de otras nacionalidades se incremente
el delito y los sectores de bajos recursos que bajen aun más los salarios
y el empleo.
La
crisis incrementa el racismo, la xenofobia y una falsa concepción de
nacionalismo. En Europa y Estados Unidos es común el desprecio a los
inmigrantes de otros pueblos que buscan con su trabajo mejores horizontes
de vida, s bien por lo general terminan realizando las tareas menos
gratas. En Argentina con enorme sacrificio, en el siglo XIX y principios
del XX generaciones de inmigrantes poblaron el país y con su trabajo
forzaron el progreso. El actual modelo económico excluyente que expulsa
en todas partes mano de obra, por una parte prescinde del trabajo humano
de buena parte de la población y como contraste incrementa las jornadas
laborales de los ocupados.
Un
gobierno que prometió en la campaña electoral del ’95 "pulverizar
la desocupación" no puede, por su propio fracaso en el tema, dar
señales de bienestar y progreso. Según las estadísticas del INDEC la
incidencia de los inmigrantes en la desempleo apenas alcanza al 1%.
Un Estado que parece estar ausente en lo referente a políticas públicas
de empleo, lugar en el que debiera dar respuestas, estimula con sentido
común y argumentos discriminatorios, los prejuicios de siempre.
