INSEGURIDAD
En
San Telmo y sus alrededores Nº 21
Abril
1999
En el último mes estalló
ante la vista de todos una bomba que venía incubándose desde hace ya
varios años: la del crimen violento. Sus esquirlas, impulsadas por el
sensacionalismo amarillista de los medios y la utilización en plena
campaña electoral de candidatos poco responsables, nos hieren a todos
imponiéndonos las heridas más dolorosas, las que infringe el miedo.
Se sabía, lo señalaban
los datos disponibles, que la criminalidad estaba aumentando sin prisa
y sin pausas, motivada por causas económicas y sociales como el empobrecimiento,
la desocupación y la marginación sin esperanzas (a las que las políticas
económicas condenan a sectores crecientes de nuestro pueblo), que arrojan
a muchos al delito como única alternativa.
Pobreza no es de ninguna
manera sinónimo de inmoralidad ni delincuencia pero, cuando esa pobreza
se transforma en miseria extrema, hace trizas la autoestima y los valores
más elementales, y degrada. En esas circunstancias, no puede exigirse
a muchos, en una sociedad en la que la solidaridad escasea, la resignación
necesaria para aceptar pasivamente morirse de hambre. El resentimiento,
la rabia y la droga convierten a los autores de algunos de estos delitos
en bestias sanguinarias que horrorizan a la sociedad.
Pero no sólo delinquen
los muy pobres, los adolescentes o los drogadictos, como se quiere hacer
creer alentando la discriminación: muchos ilícitos tienen como autores
a elementos del hampa organizada, "mano de obra desocupada",
ex policías expulsados de sus fuerzas por actuar al margen y en contra
de la ley que debían defender.
Entre las causas del
auge de la delincuencia se encuentra también la decadencia moral (predicada
con su práctica) de sectores significativos del establishment económico,
las élites farandulizadas y exhibicionistas, y la frivolidad del poder
político, estamentos que reemplazaron sin miramientos la decencia y
el respeto a la ley por la realización de sus deseos a cualquier costo.
Esta puesta al revés
del "predicar con el ejemplo" enseñó y enseña a muchos que
la única ley vigente es la del todo vale, y que la inmoralidad o el
pecado no radican en la conducta, sino en ser descubiertos (y en raros
casos condenados) y tener que pagar las consecuencias.
Todo este proceso de
descomposición material y moral se produce en circunstancias en que
la seguridad está a cargo de los restos de la "mejor maldita policía
del mundo" en la provincia de Buenos Aires, de una policía federal
y de policías provinciales que, como las de Mendoza o Santa Fe, no pueden
jactarse de una foja de servicios mucho más presentable. Es sabido que
en nuestra historia reciente, por lo menos desde los tiempos del "Proceso",
las fuerzas policiales han sido a menudo utilizadas más para la represión
que para la defensa de la vida, la libertad y los bienes de quienes
debían supuestamente proteger. A cambio de su "colaboración"
en la represión ilegal, los militares les permitieron que "hicieran
negocios" con los cuales suplir las carencias de presupuestos siempre
escasos.
La restauración democrática
no dispuso casi nunca de tiempo ni energías para encarrilar la seguridad
dentro de los marcos legales y enfrentar decididamente los focos de
corrupción policial. Están frescos en la memoria colectiva el fracaso
de la lucha en soledad que encaró en su momento Luis Brunati, abandonado
por el entonces gobernador Cafiero (más dispuesto a conciliar con las
cúpulas policiales que a enfrentarlas), o las alabanzas de Duhalde para
con la mafia que durante años las condujo.
Los intentos (tardíos,
improvisados e incompletos) del gobernador-candidato para reformular
la seguridad provincial son implacablemente bombardeados por el gobierno
nacional, que apuesta a su fracaso con la complacencia de los estamentos
policiales de todo el país que, tradicionalmente, vienen manejando al
aparato policial como un feudo y en muchos casos negocian la "protección"
a los delincuentes a cambio de participación en el producido de los
ilícitos.
En ocasiones, incluso
conducen a sus hombres a enfrentar a la delincuencia común sólo para
eliminar la competencia en la explotación de los "negocios"
más rentables (como el narcotráfico y la venta de drogas, el robo de
automotores y de transportes de droguerías, electrodomésticos u otros
bienes valiosos, el contrabando, etc.)-.
En estos momentos estamos
asistiendo azorados a una puja demagógica entre el gobierno nacional,
el gobernador-candidato y los candidatos de la Alianza, que compiten
denodadamente por el lauro de "campeón de la mano dura" buscando
réditos electorales, pero sin propuestas razonadas, basadas en un estudio
profundo y en la experiencia internacional, para poner coto a la ola
delictiva. Seguramente están convencidos que "la gente no va a
entender" si se plantea un debate serio. Por eso nos ofrecen elegir
entre la sartén y las brasas o, lo que es lo mismo, entre los apremios
sin control judicial propuestas por Patti y la violencia callejera.
Suprimir derechos y
libertades duramente conquistadas, con el costo de mucha sangre y dolor
para entregar nuestras vidas, libertad y bienes a las "malditas
policías", a viejos o nuevos "padrinos" y "pesados"
policiales con picana y gatillo fácil, sería repetir una historia muy
triste y muy fresca en la memoria de todos.
La crisis y la miseria
engendran delitos todos los días. Su superación será un largo proceso.
En el interín será necesario tender redes solidarias que den soluciones,
aunque sean paliativas, a las situaciones más angustiantes. En este
mismo número de En San Telmo y sus alrededores una nota ejemplifica
cómo grupos de vecinos y asociaciones del barrio trabajan en ese sentido.
Mientras tanto, la sociedad
debe construir sus defensas. Porque no podemos vivir asfixiados por
el miedo. Pero debe hacerlo sin histerias, serenamente. Es de esperar
que cuando pasen las elecciones, ya sin urgencias electorales, el nuevo
gobierno -sean quienes fueren sus integrantes- trabaje seriamente en
la conformación de una real política de seguridad, para que tengamos
fuerzas policiales con el presupuesto suficiente, auténticamente profesionales,
con el equipamiento técnico y la infraestructura requerida, bien remuneradas,
y aptas para protegernos en democracia y libertad.
Se necesita una policía
confiable. Hasta que eso ocurra, y pese a la angustia, deberemos aguardar
porque no hay soluciones verdaderas fáciles y rápidas. Y la seguridad
es un tema demasiado serio e importante para dejarlo en manos de candidatos
a la caza de votos.
PRIVATIZACIÓN
Y FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD
La evidente crisis de
la seguridad ha dado lugar a la proliferación de organizaciones proveedoras
de guardaespaldas y policías privadas, que custodian a countries, barrios
privados, empresas y negocios. En la actualidad las compañías de seguridad
tienen ya más de ochenta mil efectivos, acercándose así en números al
conjunto de las policías federal y provinciales y superando largamente
al total de las fuerzas armadas. Es decir que el proceso de privatización
afecta gravemente a la seguridad del Estado, que está declinando en
particulares sus funciones más esenciales.
Por otra parte, los
problemas presupuestarios de las fuerzas policiales han contribuido
a que éstas busquen otros recursos para afrontar sus tareas cotidianas.
Así es como en distintos barrios cooperadoras policiales solicitan,
en especial a los comerciantes, contribuciones para poder equiparse.
Este mecanismo es peligroso
porque se corre el riesgo de que se distorsione todavía más la seguridad
pública. La sociedad puede quedar aún más dividida entre "ciudadanos
de primera" -los que pueden pagar y por tanto tienen mayores garantías
de seguridad- y "ciudadanos de segunda", los que no lo pueden
hacer, la mayoría de la población indefensa.
La experiencia histórica
argentina muestra que trasladar a la propia policía la solución de sus
problemas presupuestarios, impulsarla a generar recursos económicos
propios, es una segura fuente de males mayores, en cuanto ha llevado
en varias ocasiones a la institucionalización de la coima, la asociación
con la prostitución, el juego clandestino y la corrupción.
Estas prácticas tienen
como correlato necesario la deformación del accionar de las cúpulas
policiales que, como en la provincia de Buenos Aires, pueden sufrir
transformaciones que las asimilen peligrosamente a asociaciones ilícitas.
