PRECARIZACION
DEL TRABAJO: MAS DE LO MISMO
En
San Telmo y sus alrededores Nº 28
Marzo
2000
Comenzó
el tan esperado año 2000. En Argentina, luego de diez años de menemismo,
el 10 de diciembre cambió el gobierno. Muchos votaron esperanzados en
rectificaciones importantes de las políticas económicas y sociales,
que tanto han contribuido al deterioro de la calidad de vida de la mayoría
de la población. Sin embargo, más allá de que hasta el momento las nuevas
autoridades no han sido involucradas, como las anteriores, en graves
hechos de corrupción, los lineamientos básicos generales en materia
económica, fiscal, política, laboral o social, parecieran continuar
vigentes.
Puede
advertirse en tal sentido una clara continuidad en la percepción por
los distintos gobernantes de turno en un eje central: no aplicar ninguna
medida que no tenga el visto bueno de los inversores. Por este motivo
peronistas, radicales o frepasistas, una vez que acceden al poder, aplican
(con distintos matices), los mismos planes de ajuste que criticaban
cuando eran opositores.
La
línea económica impulsada por Cavallo y Roque Fernández, es sostenida
en lo esencial por el actual gobierno. Así, los lineamientos básicos
del último proyecto de reforma laboral (los mismos que soportaron encendidas
críticas por parte de la mayoría de los legisladores de la Alianza,
cuando eran opositores), fueron ahora aprobados por la Cámara de Diputados,
en su nueva composición de mayoría aliancista, y se convertirán en ley
si los aprueba el Senado, como pretende el nuevo Poder Ejecutivo.
En
un contexto de alto nivel de desempleo y subempleo, de precarización
de las condiciones laborales por la falta de alternativas de trabajo
y de constante pérdida de derechos de los trabajadores, permitir los
convenios por empresa respecto de las condiciones de trabajo y niveles
de remuneración, restará a los asalariados posibilidades de negociar,
debido a su condición desigual y su actual debilidad relativa en la
mesa de negociaciones.
La
política laboral continúa con los mismos ejes de argumentación que tuvo
durante el menemismo. Supuestamente, debido a la rigidez que había en
el mundo del trabajo, no se generaban condiciones ni estímulos para
crear nuevos empleos.
Los
distintos ministros de Trabajo y Economía, explicaron en los últimos
años que si se cambiaba la legislación, bajando los costos laborales,
disminuirían el desempleo y el trabajo en negro. Los parlamentarios
defendieron esta línea, aprobando leyes que en la práctica condujeron
a que haya menos indemnizaciones por despido, incremento de las jornadas
laborales y nuevas condiciones, tan favorables para los empresarios
como desfavorables para los trabajadores en relación de dependencia.
Así
se atacó a la llamada "industria del juicio" (costosas demandas
producidas por accidentes de trabajo o por despidos), creando las ART
(Aseguradoras de Riesgos de Trabajo), un sistema por el cual las empresas
con un módico aporte mensual a las ART, se desligan de los accidentes
laborales quedando las indemnizaciones por siniestros (que tienen un
tope), a cargo de éstas. El resultado fue un incremento de los accidentes
(que presuntamente disminuirían por el carácter más moderno y eficiente
del nuevo sistema) de un 20 % en el último año, especialmente en la
construcción, debido a la endeblez de los controles de seguridad y el
poco costo que se le asigna a una vida humana. Las bajas indemnizaciones
en caso de accidentes, no estimulan a las empresas a invertir en prevención.
Otra
de las iniciativas para disminuir los "costos laborales",
fue bajar los aportes patronales a la jubilación. El resultado fue un
mayor déficit y desfasaje en las cajas previsionales. También se bajaron
los montos de las indemnizaciones por cesantías, pero el resultado fue
mayor inestabilidad para los que poseen empleo, porque ahora por la
nueva legislación prescindir de ellos cuesta menos.
Las
medidas de flexibilización también llevaron a poner fin, en distintas
ramas de actividad, a los horarios pautados y fijados de antemano. El
objetivo alegado fue el mejor aprovechamiento por las industrias y empresas
de los períodos de mayor demanda. Sin embargo, en la práctica estas
disposiciones condujeron a que se produjeran suspensiones provisorias
en los períodos en que bajaron las ventas. Por otra parte, los trabajadores
fueron perjudicados, ya que la desestructuración e imprevisibilidad
en el mediano y largo plazo de sus horarios, les impide organizar con
la anticipación suficiente cualquier actividad ajena a su relación laboral,
sea recreativa, afectiva, familiar, artística, deportiva, de estudios
o perfeccionamiento o, incluso, el doble empleo (que en ocasiones es
una necesidad imperiosa para satisfacer las necesidades impostergables
del núcleo familiar).
Después
de una década en la que se promulgaron leyes que se presentaron ante
la opinión pública como vitales para generar inversiones, fuentes de
empleo y generar las condiciones apropiadas para que disminuya el trabajo
en negro, los resultados fueron ampliamente adversos para los trabajadores:
la desocupación pasó de un 7 a un 15 %; se duplicaron las cifras de
subempleados; el menor costo laboral no repercutió en la disminución
del trabajo en negro, que en muchas zonas (como el segundo conurbano
bonaerense), supera al 40 % y se estima que hay más de 3,5 millones
de asalariados no registrados. Otro de los resultados nefastos de las
políticas empleadas durante la década pasada, fueron la concentración
del ingreso, la más grande en la historia del país, a punto tal que
las últimas estadísticas del INDEC (octubre del 99) sobre Capital y
el Gran Buenos Aires, registraron una distribución más desigual aún
que en el período hiperinflacionario de 1989.
Sin
embargo, la actual gestión sigue insistiendo en disminuir los costos
laborales. La obediencia debida y lineal a los organismos financieros
internacionales y a las recetas del Fondo Monetario Internacional, explican
las causas de su insistencia.
La
ausencia de políticas activas apoyadas por el Estado; la desprotección
del mercado interno ante las importaciones indiscriminadas; las condiciones
sumamente favorables a los grandes grupos económicos en detrimento de
las PyMEs (que son quienes emplean a más del 70% de los trabajadores);
la dificultad de éstas para acceder a créditos a tasas razonables; los
altos costos de los bienes y servicios; la imperiosa necesidad de producir
una reconversión productiva que otorgue a nuestro país competitividad
internacional sobre la base de la calidad y diversidad de su producción
y no sobre la baratura de los salarios de sus trabajadores son, entre
otros, los problemas centrales que debieran estar en el primer plano
de las preocupaciones oficiales si se piensa realmente en reactivar
la producción, en vez de insistir en llevar "señales tranquilizadoras"
al mercado y mostrarse dóciles ante las pretensiones del establishment
nacional e internacional.
