En
San Telmo y sus alrededores Nº 30
Junio
2000
Los
fundamentalistas del libre mercado, desde hace varios años vienen diciendo
lo mismo. Explican medidas cuya supuesta eficacia servirá para atraer
inversiones, que contribuirán al bienestar y la prosperidad de todos
los argentinos. Declaran que para ello se necesita disminuir "el
riesgo país", lo que implica achicar el gasto público, reducir
el déficit fiscal, privatizar todo lo que sea posible y flexibilizar
las relaciones laborales.
El
menemismo siguió durante sus 10 años esta línea económica y los resultados
están a la vista. Sus sucesivas leyes de empleo buscaron transformar
al mercado laboral y la consecuencia fue mayor precarización en el trabajo.
La creación de las ART (un sistema por el cual las empresas con un módico
aporte mensual a las ART, se desligan de los accidentes de trabajo),
puso topes a las indemnizaciones por despido para terminar con la llamada
industria del juicio. También se buscó flexibilizar las vacaciones,
las jornadas de trabajo y disminuir las remuneraciones por despido para
achicar los costos laborales.
Por
otra parte, a través de otras medidas económicas disminuyeron los aportes
patronales utilizados para las cajas de jubilación. Contrariamente a
lo anunciado, esto no incidió en absoluto en la creación de empleos,
aunque contribuyó a aumentar el déficit fiscal.
Las
privatizaciones trajeron centenares de miles de desocupados. En varios
pueblos que dependían de la actividad de Y.P.F. como Mosconi o Cutral
Có, la miseria y la desesperación por la falta de perspectivas de sus
habitantes condujo a frecuentes cortes de ruta. Con el fin de "la
industria del juicio", al mismo tiempo que disminuyeron los costos
laborales, faltaron inversiones en prevención de siniestros y la consecuencia
fue un significativo aumento en los accidentes de trabajo.
En
tan solo diez años la desocupación se duplicó, alcanzando el país un
triste récord de más de tres millones de desempleados. Si a esta alarmante
cifra se agregan los subempleados, las personas que tienen una alta
inestabilidad laboral, los habitantes que sobreviven con precarios programas
de empleo, como los planes Trabajar u otros similares (en los cuales
el Estado o las provincias pagan a lo sumo doscientos pesos a los trabajadores
generalmente por trabajos improductivos), se puede comprender de donde
surgen los trece millones de pobres que tiene la Argentina.
A
seis meses del cambio de gobierno, cuesta encontrar alguna medida popular.
Si bien disminuyeron considerablemente los escándalos de corrupción,
sigue reinando la lógica del ajuste y las recetas ortodoxas recomendadas
por el Fondo Monetario Internacional.
La
nueva ley de trabajo, por la que predomina el acuerdo en la empresa
por encima de los convenios colectivos, generará una negociación desigual
entre los empleados y sus empleadores que contribuirá al deterioro de
las condiciones laborales.
La
desregulación de las obras sociales, si no se cumplen estrictos controles,
puede provocar una peligrosa mercantilización de la salud y consolida
la existencia de ciudadanos con atención médica de primera y ciudadanos
con atención médica relegada de acuerdo a sus ingresos.
Esta
medida se impuso mediante un decreto, al igual que la rebaja salarial
de entre un 12 y un 15 % a todos los empleados públicos con ingresos
superiores a los mil pesos.
La
argumentación de esta triste medida, es la misma utilizada por los políticos
gobernantes para justificar ajustes cada vez que asumen en el poder.
"Otra alternativa no quedaba, tuvimos que hacer esto por la herencia
recibida", dicen.
Así
descartan de plano la posibilidad de cobrar impuestos a los grandes
evasores. Basta con citar algunos ejemplos para pensar: el grupo Yoma
debe al fisco más de 100 millones pero aun así la DGI le reintegró,
en medio del ajuste, 15 millones por exportaciones. El grupo Macri tiene
una deuda de 150 millones por el canon del Correo y Eurnekián y el Exxel
Group adeudan 85 millones por la privatización de los Aeropuertos.
El
gobierno descartó la posibilidad de restablecer aportes patronales a
bancos, hipermercados y a las empresas privatizadas, con los que hubiera
conseguido muchos más ingresos que con el ahorro de salarios.
Cada
medida de ajuste es interpretada como una buena señal para los mercados,
y mientras los sectores financieros, la banca internacional y el conjunto
del establishment aplauden y felicitan al gobierno ante cada recorte,
la mayoría de la población ve cercenados sus derechos, su estabilidad
en el trabajo y las prestaciones de servicios esenciales, recortados
por el ajuste.
Mediante
políticas exclusivas para "bajar el riesgo país" alegrando
a "los mercados", las personas son consideradas meros datos,
procesados como gastos y déficit público. Por lo tanto, factibles de
ahorro.
Antes
de asumir, la coalición gobernante criticó con dureza las declaraciones
de López Murphy sobre la necesidad de bajar los salarios en la administración
pública y se manifestó desde la oposición en contra del recorte de Roque
Fernández, finalmente terminó convalidando los ajustes.
Cuando
los políticos intentan justificar lo que apenas un tiempo atrás les
parecía injustificable o cuando con hipocresía critican desde la oposición
lo que defendieron mientras estuvieron en el gobierno, no hacen mas
que contribuir al escepticismo, la desconfianza y el descreimiento social.
De esta manera debilitan la posibilidad de perfeccionar a la democracia
(entendida como poder del pueblo), al demostrar su impotencia e incapacidad
mínima de intervención en los procesos sociales, que actualmente tienen
en la ofensiva del gran capital sobre los trabajadores, en la concentración
económica, en la especulación financiera y en el capital trasnacionalizado,
a sus claros dominadores.
