BLINDAJE
En
San Telmo y sus alrededores Nº 34
Febrero
2001
Con
una fuerte campaña publicitaria el oficialismo promociona lo que ahora
considera el gran logro de su primer año de gestión: el blindaje económico
que le concedió el Fondo Monetario Internacional.
El
Ministro de Economía José Luis Machinea resalta que gracias a su gestión
los organismos financieros internacionales vuelven a confiar en el país.
En
el primer año de gestión, por mencionar solo algunos hechos, se ha decidido
bajar los salarios de la administración pública; eliminar en las futuras
jubilaciones los 200 pesos establecidos en la ley anterior correspondientes
a la Prestación Básica Universal y aprobar una reforma laboral con fuertes
sospechas de soborno por prácticas corruptas en el Senado.
En
el balance del primer año de la Alianza, la gran mayoría de las investigaciones
anunciadas vinculadas a combatir la corrupción e investigar irregularidades
del anterior gobierno han quedado en el olvido. Así es como solo un
ex funcionario (Víctor Alderete), cumple prisión por asociación ilícita
y defraudación al Estado. La Corte Suprema de Justicia fue duramente
cuestionada hasta hace un año por los dirigentes del actual gobierno
por no ser independiente (cuatro de sus integrantes los designó Carlos
Menem cuando amplió el número de miembros de cinco a nueve), y por responder
sistemáticamente durante los diez años de gestión del menemismo a las
necesidades de su gobierno. Pasó el tiempo, continúa intacta y ningún
político de peso de los partidos mayoritarios plantea como lo hacía
anteriormente un juicio para tratar de cambiarla. Es que en la actualidad,
como lo hizo en el pasado, la Corte avala casi todas las medidas oficialistas.
Después
de criticar hasta el hartazgo el abuso de los decretos de necesidad
y urgencia, Fernando De la Rúa los utilizó para reformas fundamentales
del país, como las futuras jubilaciones, la reforma del Estado, o el
plan de Infraestructura para el cual se destinarían supuestamente 20
mil millones de dólares en los próximos cinco años.
En
una encuesta publicada en noviembre por el Centro de Estudios de Nueva
Mayoría, solo el 11 % de la población avala a la gestión actual, es
decir solamente una de cada nueve personas. Por otra parte, una encuesta
nacional de Gallup publicitada en el 2001, da como resultado que apenas
un 18 % confía en la Justicia. La imagen de los jueces y fiscales viene
empeorando desde hace más de 15 años, luego de que alcanzaran cierto
prestigio en la opinión pública cuando fue el Juicio a los Comandantes
de la última dictadura militar.
La
crisis económica de los últimos años ha sido acompañada por una crisis
de las instituciones y el descreimiento cada vez mayor no solo de la
política sino también de todas las actividades vinculadas con lo público.
Sin embargo, como en anteriores gestiones, el gobierno se aleja cada
vez más de la gente y responde con la visión de los tecnócratas que
se interesan básicamente por la opinión de la selecta minoría que domina
lo que desde hace un tiempo ha tomado gran relevancia: la opinión de
"los mercados". Es así cómo para complacerlos no se planteó
dar marcha atrás con una ley de reforma laboral que ha sido denunciada
por presuntos sobornos. La reforma previsional, exigida por el Fondo
Monetario, fue una de las condiciones impuestas para que el país obtuviera
el blindaje. Por otra parte, en su momento la rebaja salarial y los
sucesivos ajustes en la administración pública, fueron considerados
por los mercados excelentes señales por contribuir a bajar el déficit
fiscal.
Las
medidas populares, el debate sobre distintas alternativas válidas para
el futuro del país, los proyectos vinculados al desarrollo ciencífico
y tecnológico y las promesas electorales de campaña, para el oficialismo
parecen resabios de un pasado muy lejano.
