A
25 AÑOS DE LA DICTADURA MILITAR
En
San Telmo y sus alrededores Nº 35
Marzo
2001
Con
un golpe de Estado comenzó el 24 de marzo de 1976, una etapa nefasta
en Argentina, denominada por sus mentores como "El Proceso de Reorganización
Nacional". Hasta el 10 de diciembre de 1983, gobernaron al país
militares que instalaron un nuevo orden basado en la sistemática violación
a los derechos humanos, en el que el exilio forzado, los campos de concentración,
los secuestros, la tortura, el robo de bebés y la desaparición de personas
fueron prácticas permanentes para aniquilar a los opositores.
De
acuerdo a la investigación de la CONADEP, que se constituyó una vez
que se recuperó la democracia, se comprobaron más de 10.000 desaparecidos
(aunque según el registro de las Madres de Plaza de Mayo son 30.000)
y más de 300 centros clandestinos de detención en los siete años que
duró el Proceso.
La
censura, las permanentes prohibiciones y el terror instalado a la sociedad
en su conjunto, dejaron enormes secuelas. El terrorismo de Estado instaurado
en aquel período cambió la economía y buscó adiestrar a la población
en un orden basado en el autoritarismo, la represión, la sumisión, la
cultura del miedo, del "por algo será" en relación a los desaparecidos,
o del "no te metás" respecto a la participación ciudadana
para transformar la sociedad.
En
1983, a un año de la humillante derrota del país en la guerra de las
Malvinas, luego de la incesante condena internacional, lograda en buena
medida por el trabajo incansable de los organismos de derechos humanos
y después de una profunda crisis económica, se fueron del poder los
militares. Sin embargo, quedó un nuevo orden económico instalado que
continúa presente.
Si
Argentina se caracterizó entre 1880 y 1930 por su modelo agroexportador
y entre 1945 y 1975 por ser un país con un importante desarrollo industrial,
a partir de 1976 se impuso un modelo basado en el capital financiero.
La deuda externa nacional aumentó en estos 25 años de 7.000 a más de
150.000 millones de dólares y la apertura indiscriminada y sin ningún
tipo de restricciones afectó al comercio, a la industria y al mercado
interno, provocando por otra parte una gran concentración económica.
Se
continúan implementando las medidas que entre otros, en su momento defendieron
Martínez de Hoz, Alemann - ex Ministros de Economía durante la dictadura
militar y Cavallo, quien presidió en esos años el Banco Central. Estas
consisten en achicar el gasto público, privatizar todas las áreas posibles
dentro del Estado, generar mayor apertura a las importaciones y bajar
las cargas tributarias al gran capital quien teóricamente, al pagar
menos impuestos y tener menos costos en la producción, se radicará en
la Argentina realizando inversiones que reactivarán la economía. Los
menores controles a los movimientos financieros, la previsibilidad y
la aceptación sin crítica de los dirigentes y funcionarios a la política
económica, en la suposición neoliberal servirán para bajar el riesgo
país y no herir a la sensibilidad de los mercados.
El
resultado en estos 25 años ha sido la imposición de un proyecto económico
que incrementó la desocupación del 4.5 % de 1976 al 15 % actual, que
multiplicó también el subempleo y al mismo tiempo disminuyó los derechos
sociales de los trabajadores, aumentando el trabajo en negro, la desprotección
social, la inseguridad, la inestabilidad y la jornada laboral. Un modelo
basado en la especulación financiera en el que la deuda estatal aumenta
día a día, los créditos a la producción son inaccesibles, la recesión
se sostiene y la falta de eficiencia en los controles provoca corrupción,
mafias y enriquecimiento ilícito de una selecta minoría.
Para
poder llevar a cabo un plan económico como el actual fue necesario que
se destruyeran los tejidos sociales solidarios, para lo cual los militares
atacaron a todos los que se resistieron a aceptar el nuevo orden. En
democracia, la falta de valentía de la clase política gobernante para
enfrentar a las imposiciones permanentes de los dueños del poder económico
y en ciertas ocasiones el acuerdo, la connivencia y la complicidad,
facilitó que ante las presiones continúen los severos ajustes.
Ante
cada presión hubo nuevas agachadas. Frente a los alzamientos militares,
leyes de Punto Final y Obediencia Debida, como respuesta al poder económico,
reformas del Estado hechas a gusto y medida del FMI y las grandes empresas,
cambios en la legislación laboral para pagar menos indemnizaciones por
despido, rebaja de los aportes patronales para las futuras jubilaciones,
ineficiencia para controlar a los grandes evasores, pagos de altísimos
intereses etc.
La
democracia como posibilidad de un gobierno que represente los intereses
de la mayoría perdió fuerza, aumentó el desinterés de la gente, la desconfianza,
la indiferencia, el escepticismo y el rechazo hacia las instituciones,
hacia lo público y hacia los políticos. Pero no hay que olvidar la enorme
importancia de las libertades públicas conquistadas, como la libertad
de expresión o la posibilidad de poder participar sin censuras.
En
el orden económico social aumenta la sensación de impunidad, de injusticia
y de entrega frente al verdadero poder -el económico- con sobrados motivos.
El 5 de marzo se confirmó a López Murphy como Ministro de Economía.
Un defensor a ultranza del ajuste que explicó antes de las elecciones
presidenciales que había que bajar un 20 % los salarios públicos. También
se tentó al ex director del Banco Central durante la dictadura militar,
a que vuelva a su anterior cargo. Los grandes mercados esperan que el
flamante ministro anuncie un nuevo ajuste de 1.500 millones de dólares
en el presupuesto del Estado, para que éste pueda pagar los intereses
de la deuda.
El
dilema entre responder a los mercados o gobernar pensando en estrategias
para planificar un proyecto de país diferente con un perfil propio de
desarrollo, tiene respuestas claras.
