CONTRA
LA MANO DURA
En
San Telmo y sus alrededores Nº 38
Junio
2001
En
medio de una incesante ola de inseguridad, en los primeros días de junio
el Congreso aprobó cambios en el Código Procesal que implican mayores
atribuciones a la policía.
A
mediados de la década pasada, el entonces gobernador de la provincia
de Buenos Aires Duhalde, consideró que la Bonaerense era una de las
mejores policías del mundo. Poco tiempo después, las constantes denuncias
por corrupción, violaciones a los derechos humanos y gatillo fácil,
sumadas a un rotundo fracaso en la prevención del delito, provocaron
un viraje en las políticas de seguridad de la provincia. Los defensores
de la "mano dura" perdieron momentáneamente privilegios y
ciertos espacios. Pero la crisis económica y social continuó y siguieron
incrementándose los delitos.
Ruckauf
propuso en la campaña electoral a gobernador, "hay que meterle
bala a los delincuentes" y para reafirmar su discurso, nombró como
Jefe de la Policía a Aldo Rico. Después lo presidió Verón que continuó
con la misma línea, sin conseguir bajar el índice de delitos ni la violencia
con que se realizan en reiteradas ocasiones.
Sin
políticas públicas serias para generar empleos, sin ideas para apostar
a la integración de la sociedad buscando combatir la marginalidad y
sin autocrítica por los magros resultados obtenidos, el parlamento apuesta
al discurso más fácil: pedir mayores penas para los delincuentes y más
atribuciones a la policía.
Los
políticos gobernantes ocultan datos que conocen. Es así como no dicen
que las cárceles están hacinadas, que hay detenidos en una buena parte
de las comisarías porque no hay donde alojarlos y que solo una ínfima
parte de los que cometen delitos cumplen condenas. De acuerdo a los
datos del Ministerio de Justicia, en 1999 sobre 39 mil presos el 77%
eran procesados sin condenas. Ese año en menos del 2% de los casos (el
1,26%) se dictó condena de los delitos cometidos durante el año en curso
y hubo 8 mil personas detenidas en comisarías por el hacinamiento de
las cárceles. Antes que pedir el endurecimiento de la ley, podrían pensar
en como hacer para cumplirla.
Por
las reformas recientemente aprobadas al Código Procesal Penal de la
Nación, los policías recuperan ciertas atribuciones. Podrán hacer requisas
y revisar vehículos sin orden del juez y realizar operativos en los
cuales intenten conseguir presuntas pruebas de un delito y terminen
encontrando presuntas pruebas de otros. Es decir que si por ejemplo
investigan un homicidio y no encuentran ninguna prueba, pueden acusar
al sospechoso de tenencia de drogas. El riesgo latente, es que la medida
facilite el incremento de los procedimientos policiales armados contra
inocentes. Una comisión de fiscales que investiga este tipo de hechos,
ya ha detectado 55 casos con más de 100 policías involucrados.
La
crisis social y económica de los últimos años, el aumento desproporcionado
del desempleo, el brusco descenso en la calidad de vida y la falta de
perspectivas de una parte importante de la población, han provocado
una descomposición y fragmentación social que han facilitado el incremento
de los delitos. Sin embargo, amplios sectores del gobierno, de los partidos
de oposición y de los medios de comunicación recortan el enfoque del
problema. Su eje central consiste en proponer mayor represión no solamente
a los delincuentes sino también a quienes protestan por su situación
social y acusar de "garantistas" a quienes defienden la aplicación
de la ley.
Los
mentores de la "mano dura", no plantean incrementar las penas
por los delitos económicos. Si se analizan estadísticas de la población
carcelaria, se podrá observar la escasa cantidad de funcionarios corruptos
que están en prisión, así como también la inexistente presencia de los
grandes evasores.
Frente
al incremento de cortes de rutas y otros reclamos populares, más que
buscar soluciones de fondo o al menos paliativos, ciertos sectores proponen
prohibirlos. Un caso emblemático es el de Emilio Alí, un piquetero de
27 años preso, que ha sido condenado a cinco años de prisión a fines
de abril por "extorsión y coacción agravada". La acusación
fue que durante el paro nacional del 5 de mayo del año pasado, pidió
que el gerente baje las persianas para que los empleados se puedan adherir
y bolsas de alimentos, en un reclamo frente al supermercado Casa Tía.
Cuando
llegan los escasos planes sociales lo hacen tarde, después de la violencia
ejercida frente a los manifestantes. Los pedidos de mayor seguridad
a cualquier precio (en muchos casos, paradójicamente al costo de generar
inseguridad violando las garantías constitucionales), forman parte de
un mismo fin: la política de represión como respuesta que responde a
la ineptitud para cambiar la situación social.
Ante
los mercados y los poderes económicos la respuesta es silencio, comprensión,
pasividad y complaciencia y ante sus víctimas, una discutida idea de
firmeza y autoridad para enfrentarlas y seguir adelante con los ajustes.
