LA
PSICOSIS DE LA INSEGURIDAD
En
San Telmo y sus alrededores Nº 70
Agosto
2004
En
los medios de comunicación cada vez se dedica un mayor espacio
al tema de la inseguridad. La televisión toma como referente
a Blumberg y da gran espacio a todos los casos de secuestro, utilizando
golpes bajos para emocionar a la audiencia, como las imágenes
de llantos, rezos, marchas con velas y las entrevistas constantes a
familiares y víctimas de la delincuencia.
Un
espacio considerablemente menor obtienen las víctimas del gatillo
fácil (las cuales ya superan las 1.500 desde la vuelta de la
democracia, de acuerdo al registro de la Coordinadora contra la Represión
Policial e Institucional), la víctimas de torturas y apremios
ilegales en comisarías y los delincuentes económicos que
quebraron al país.
Los
mismos comunicadores y políticos que celebraron las políticas
de exclusión de los ‘90, siguen clamando por leyes más
duras, pese a que el agravamiento en las penas de los delitos no ha
dado ningún resultado.
El
discurso mediático suele omitir datos evidentes. Por más
altas que sean las condenas a los secuestros, de poco sirven si no hay
detenidos en casi ningún caso. El hecho de que en casi todos
los casos de secuestros y también en múltiples delitos
y actos de corrupción estén involucrados policías,
siembra pocas esperanzas en el presente y en el futuro. Si solo se condena
el 2 % ciento de los delitos y pese a eso los presos en las cárceles
están hacinados porque no hay lugares en las prisiones, posibilitando
que haya miles de detenidos en las comisarías y los policías
están vigilándolos en vez de dedicarse a cuidar la seguridad
de la población, entonces muchas cosas están fallando.
La
seguridad no es simplemente un problema de penas.
Las imágenes apelan a la emoción y el ritmo dinámico
televisivo no suele permitir pausas y reflexiones profundas acerca de
la situación que se está viviendo.
En
un país que cuenta con 16 millones de personas que viven por
debajo de la línea de pobreza, que tiene 6 millones de habitantes
que son indigentes (es decir que sus ingresos no alcanzan para cubrir
las calorías necesarias que necesita el organismo), que cuenta
con alrededor de 2 millones de familias subsistiendo con un plan Jefas
y Jefes de Hogar de 150 pesos, en el cual 7 de cada 10 niños
viven en la pobreza y al menos 1 de cada 3 personas es desocupada, subempleada
o sobreempleada, la noticia central son algunos casos de secuestros
o el “caos en el tránsito” que provocan los grupos
piqueteros y otros sectores que se manifiestas en la vía pública.
Orden,
seguridad y “normalidad” en la crisis presente frente a cualquier
acontecimiento que pueda alterar el orden existente, son las exigencias
de los grandes grupos económicos del sector de la información
y la comunicación.
Mediante
la psicosis causada por la permanente invocación al peligro de
la delincuencia, que crea miedo y pánico colectivo, se establece
una agenda de prioridades y propuestas facilistas que difícilmente
contribuyan a mejorar la situación presente. Penas más
duras, sumatoria de penas por cada uno de los delitos cometidos, más
presupuesto en cárceles, en policías y en fuerzas de seguridad
en general, son las respuestas que votan los gobernantes impulsados
por la opinión pública influenciada por los medios masivos.
Es
más sencillo apelar a la emoción y votar por el establecimiento
de severísimas condenas ante cada hecho horroroso, que reflexionar
y buscar soluciones estructurales a las problemáticas vinculadas
a la inseguridad.
Inseguridad
también es no tener recursos para brindar los servicios sociales
básicos a la familia, tener incertidumbre en el empleo, inestabilidad
en los ingresos, problemas con la vivienda, la salud o la educación
familiar.
La
penas duras muy pocas veces llegan a los responsables del hundimiento
del país. De la corrupción de los ´90, con excepción
de María Julia Alsogaray no hay ningún condenado. Tampoco
los hay por los sobornos en el senado cuando se aprobó la flexibilización
laboral o por la fuga multimillonaria de capitales y el escandaloso
endeudamiento externo.
En
la actualidad hay más de 3.000 personas procesadas por protestas
sociales. A ninguna de ellas se las acusa por haber cometido un crimen
o por haber causado lesiones o destrozos mayores. Varias están
presas por pedir comida, por movilizarse en contra del Código
Contravencional, por repudiar el acuerdo con el F.M.I. incendiando una
goma o por hacer piquetes para exigir trabajo.
En
los recursos y presupuestos públicos se observan las prioridades.
Desde los medios masivos de comunicación se suele exigir aumentar
las partidas presupuestarias para seguridad, entendida como prevención
con custodia en lugares inseguros o como represión. Se propone
avanzar en la construcción de cárceles y en la infraestructura
de las fuerzas de seguridad. En las sociedades en las que hay mayor
desigualdad, suele haber mayores índices de delitos.
La
industria de la seguridad tiene grandes lobbistas, ya que puede posibilitar
negociados con empresas constructoras de prisiones, con proveedores
de servicios intermedios en las instituciones de encierro, la contratación
de nuevos DNI (como exige el petitorio de Blumberg), el pago a asesores
y a instituciones vinculadas a la tolerancia cero para que capaciten
al personal policial local (otra propuesta de Blumberg) y la contratación
de armas de última tecnología, entre otras actividades
económicas.
Otra
opción sería destinar parte de esos recursos al mercado
interno, invirtiendo más en garantizar salud, educación,
ciencia y tecnología, para apuntar al desarrollo y a saldar la
enorme deuda interna con el pueblo argentino. Es otra forma de encarar
el problema de la inseguridad. Apuntar a soluciones estructurales y
a una mejor distribución del ingreso, para enfrentar la marginación
y la pobreza. Cada presupuesto recortado de vivienda, salud o educación,
mientras se engrosa las arcas de las fuerzas de seguridad, es un esfuerzo
más hacia una sociedad de control que perpetúa la exclusión.
