22/02/07
MEGATORRES,
MEGA IMPACTO URBANO AMBIENTAL
El 15 de febrero Telerman estableció las nuevas condiciones
que deberán cumplir las construcciones de torres en la Ciudad.
Deberán tener el aval de AySA para prevenir que las obras
hagan colapsar las estructuras de cloacas y agua potable. Sin embargo,
la medida no contempla el impacto urbanístico. El Jefe de
Gobierno envió un proyecto para cambiar la legislación
del Plan Urbano Ambiental vigente, que es de la época de
la dictadura.
El Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Telerman,
puso fin a la veda que había establecido 90 días antes
para las construcciones indiscriminadas de torres, que provocaron
las protestas de vecinos de Caballito y de otros barrios. De esta
manera podrán construirse nuevas obras o ampliarse las existentes
en Villa Urquiza, Coghlan, Núñez, Palermo, Villa Pueyrredón
y Caballito. Con excepción de Núñez, en estos
barrios se pedirán nuevos requisitos para realizar nuevas
obras. Las empresas constructoras que piensen construir edificios
con más de 5 mil metros cuadrados (hasta el año pasado
los permisos para la evaluación del "impacto ambiental",
empezaban a pedirse en construcciones de más de 10 mil metros
cuadrados) deberán presentar un certificado sanitario que
especifica la factibilidad técnica de agua potable y desagües
domiciliarios, avalados por AySA.
Las otras medidas impulsadas por Telerman son la creación
de una Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental,
con representación de los ministerios de Obras Públicas
y Medio Ambiente, que podrá pedir un estudio integral de
la zona a construir. Además el gobierno porteño anunció
la constitución de un Comité de Coordinación
y Planeamiento de Infraestructura, que tendrá facultad para
intervenir en los permisos de obra para empresas de servicios. Por
otra parte, el ejecutivo porteño envió a la Legislatura
un proyecto para cambiar el actual Plan Urbano Ambiental.
Con anterioridad a los decretos del Jefe de Gobierno, un fallo
judicial prohibió construcciones en 16 manzanas de Caballito
y en 45 de Palermo. Las grandes construcciones no solamente afectan
a la red de agua potable y a las redes cloacales por el alto crecimiento
poblacional que se registrará en las zonas afectadas. Los
megaproyectos confiscan a los vecinos que viven en otros departamentos
y viviendas la luz, el aire y acentúan el desequilibrio en
relación a los espacios verdes públicos. También
producirán mayores embotellamientos de tránsito. De
seguirse la propuesta del gobierno, AySA invertirá más
de 200 millones de pesos en agua potable, cloacas y desagües,
para satisfacer las nuevas demandas provocadas por las necesidades
que generan las empresas constructoras. Una gran inversión
en barrios que en este momento tienen estos servicios, mientras
se siguen postergando inversiones en agua potable en otros barrios
marginados.
Desde el sector de la construcción alegan que posibilitan
la creación de fuentes de trabajo, que son un puntal para
la recuperación económica. Pero las empresas constructoras
se desentienden de los problemas estructurales, ya que una vez que
terminan las obras todos los problemas producidos por el colapso
ambiental los deberá resolver el Estado y la población
afectada. Las empresas constructoras terminaron querellando a los
propios vecinos que encabezan las luchas en defensa de la calidad
de vida en los barrios.
Mientras en el sur porteño hay zonas postergadas donde se
requiere que avance la construcción, en algunos barrios de
clase media I.R.S.A y otros grupos económicos construyen
torres que, sin dudas, afectarán la calidad de vida de la
ciudad de Buenos Aires.
