EL
DERECHO PENAL NO RESUELVE
PROBLEMAS SOCIALES
En
San Telmo y sus alrededores Nº 68
Junio
2004
El
1 de junio en el Centro Cultural Plaza Defensa (Defensa 535), se llevó
a cabo una charla debate titulada “los pibes presos”. La convocatoria
fue realizada por la Asamblea de San Telmo y por el Centro Cultural.
En el país hay 1.400.000 chicos que no trabajan ni estudian.
El 90 por ciento de los delitos de los menores son contra la propiedad,
la mayoría son hurtos y solo el uno por ciento son delitos graves.
La
especialista en programas sociales infanto-juveniles, Ana Gugliotta,
planteó: “Con el deterioro social los jóvenes han
quedado excluidos de las políticas públicas. Hay toda
una industria que se beneficia con el sistema actual. Por ejemplo, los
proveedores estatales que abastecen a los institutos de menores. Cada
chico que está en un instituto, le cuesta al Estado entre $1.500
y $2.000 mensuales. Hay que reclamar al Estado que gaste bien la plata
y fomente la distribución del ingreso, la educación, el
empleo y la salud. El sistema de minoridad es una escuela del delito
y le cuesta al país más de 100 millones de pesos anuales.
Con la exclusión marginal se arroja violentamente del sistema
formal de distribución de bienes y servicios a un sector de la
población. Aumenta la deserción escolar, el trabajo infantil
y se pierde la planificación. Muchos jóvenes tienen como
espacio de socialización a la calle y adquieren otros códigos.
En muchos lados se forman pandillas. Hay que trabajar en la prevención,
invertir en infancia, en adolescencia, y en empleo, y vivienda para
los padres. Los chicos tienen que estar en la escuela.”
Por
su parte Ana Chávez, quien trabaja en el Servicio de Paz y Justicia
con chicos en situación de calle, reflexionó: “Tenemos
un régimen de patronato que esconde las cárceles a través
de encierros sin importar la edad y sin discriminar la situación
de cada chico. En los institutos a los menores les enseñan a
robar, aprenden el código tumbero y el sistema no cambia por
el lobbie de los patronatos. La ley no obliga a encerrar menores, es
decisión del juez. La declaración de los Derechos del
Niño contempla la posibilidad de encierro, pero en última
instancia."
La
Directora General de Niñez y Adolescencia del Gobierno de la
Ciudad, Carmen Frías, expresó su preocupación por
la ausencia de políticas públicas de prevención
y señaló: “No hay programas universales, sino políticas
focalizadas. Sino hay un cambio en la política económica
que signifique una redistribución del ingreso, todos los programas
que encaramos son parches absolutos.”
Un
informe del Programa de Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana
del Centro de Estudios Legales y Sociales, afirma que el sistema tutelar
actual en la provincia de Buenos Aires, tiene en la actualidad detenidos
más de 8.500 menores.
El
Director del programa, Gustavo Palmieri, concluye que es urgente definir
un sistema integral que elimine la privación de libertad por
motivos asistenciales, introduzca políticas sociales no punitivas
y establezca garantías para los jóvenes en conflicto con
la ley penal.
